El Diputado Pablo Garate pide una Ley integral de Ética Publica

Escrito por Lic. Emiliano Arriaga Zugasti. Publicado en La Zona

“Como legisladores estamos totalmente de acuerdo en hacer públicas nuestras Declaraciones Juradas pero nuestra postura es la sanción de un Código de Ética Pública y Transparencia, con una regulación marco con deberes y pautas de comportamiento, incompatibilidades, nepotismo (con la prohibición en toda la Provincia de la designación o nominación de familiares), regulación de la publicidad oficial y también la obligación de presentación de declaraciones juradas por parte de los funcionarios de los tres Poderes de la provincia de Buenos Aires”, señaló el  diputado Pablo Garate en los fundamentos de un proyecto de solicitud de informes presentado hoy en la cámara baja bonaerense.

“Nos permitimos dudar de las verdaderas intenciones de las medidas de supuesta transparencia que quiere implementar el gobierno de la provincia: si son honestas y bien intencionadas y solamente están ignorando lo establecido en la Constitución Provincial y las numerosas iniciativas que en tal sentido existen en ésta H. Legislatura o realmente no quieren una Ley Integral de Ética Pública y estos parches legislativos le sirven para protagonizar un actingpropio del márketing publicitario”, recalcó el diputado massista.

 

Anticipándose al envío de un proyecto del Poder Ejecutivo por el que obligaría a los legisladores a presentar sus declaraciones juradas, Garate indicó que “primero queremos saber si los propios funcionarios cumplieron con la obligación de presentar sus declaraciones juradas antes del 31 de octubre tal como lo establece el decreto vigente, el listado de los incumplidores, las intimaciones o sanciones que se han tomado y que se nos indique en qué momento esa información va a estar disponible en la web del Ministerio de Justicia para su acceso público tal como lo establece el decreto 407/17 en su artículo 12°”

 

Por otra parte, “esta medida para que sea seria y en verdad transparente, se debe complementar con la necesaria creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política que establece el artículo 3° de la Constitución Provincial, como órgano que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales, es decir, que proponemos un organismo extrapoder, independiente, autónomo y con autarquía financiera a diferencia de la propuesta del Poder Ejecutivo que establece como Autoridad de Aplicación al propio Ministerio de Justicia.”