Los concejales del Frente Progresista cuestionaron el veto de la ordenanza para acceder a la información pública
En la última sesión ingresó el veto del Poder Ejecutivo a la ordenanza de Acceso a la Información Pública, que había sido sancionada el pasado 4 de junio por unanimidad en el Concejo Deliberante. Los concejales decidieron dejar el Decreto del Veto en Comisión para realizar las consultas necesarias a organismos nacionales y provinciales, debido a que surgen dudas respecto del mismo.
Según los concejales del Frente Progresista Cívico y Social “el Decreto del veto presenta varias irregularidades técnicas y administrativas”. “Por un lado el Decreto ingresó al Concejo Deliberante un mes después de sancionada la ordenanza, cuando la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que la comunicación debe realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles”. “A su vez la redacción del mismo establece que se veta la ordenanza por resultar contradictoria a los Artículos 5º y 7º, sin indicar a qué Ley hacen referencia los mismos”.
“Finalmente en los considerandos, el veto hace referencia a la Ley Nacional 25326 de Protección de Datos Personales, la cual establece la necesidad de contar con el consentimiento del titular de los datos, salvo cuando éstos provengan de fuentes de acceso público, se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”.
“Por su parte en el Artículo 7º de esta Ley habla de datos sensibles –entendidos estos como origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual- que claramente no son los datos que pide esta ordenanza”.
“Entendemos que si el Poder Ejecutivo tenía dudas sobre la legalidad de la misma podría haber realizado un veto parcial de los artículos o incisos que entendía que estaban fuera de la Ley, o podría haber realizado un Decreto reglamentario donde se establezca la necesidad del consentimiento de las partes involucradas”.
“Sin embargo el veto fue total, por lo que entendemos que no hay voluntad por parte de este gobierno de poner en marcha una herramienta que garantice la transparencia en la gestión publica”.